Tras el terremoto que azotó el sur del Perú, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, llegó a Pisco, principal ciudad afectada por el sismo del 15 de agosto pasado, en compañía de representantes de su gobierno. En conferencia de prensa, se recomendó que la reconstrucción de las zonas golpeadas, esté en manos de un personaje respetado, que pueda asumir el liderazgo de semejante empresa.
Uribe explicó que luego del sismo de 1999 en su país, se creó el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo del Eje Cafetero, el cual fue presidido por Luis Carlos Villegas, representantes de los empresarios de Colombia. El mandatario destacó que a pesar de la crisis, se logró reconstruir satisfactoriamente las ciudades afectadas por el terremoto que cobró más de 1,200 vidas.
Es de suponer que basado en la experiencia colombiana, el Estado peruano ha creado el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), que será presidido por el empresario Julio Favre, en representación del jefe de Estado, Alan García y será integrado por autoridades regionales de Ica, Lima Provincias y Huancavelica.
También figuran los ministros de Transportes, Salud, Vivienda, Energía y Minas y Educación, además de cinco representantes de la actividad privada, con lo cual se buscará la coordinación entre el sector público y los empresarios para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto.
Gobierno regional quiere liderar reconstrucción
Sin embargo, el gobierno regional de Ica también pretende adjudicarse la labor de reconstrucción del departamento más severamente castigado por el movimiento telúrico. En tal sentido, el presidente regional, Rómulo Triveño, creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica, en oposición del Forsur, y según dijo en el marco del proceso de descentralización.
Dicha actitud puede ser considerada loable, en el sentido que un presidente regional asuma la responsabilidad en su jurisdicción, no obstante, valdría hacerse la pregunta, si es que esa misma actitud tendría si no hubieran recursos en la caja fiscal para la financiación de la reconstrucción de Ica.
Ante una situación de emergencia, se liberan ciertos de los candados que protegen los recursos del Estado, siendo uno de ellos el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo cual podría ser aprovechado para otros intereses.
Cabe recordar que los presidentes regionales, han expresado en más de una ocasión su rechazo al SNIP por considerar que es limitante para la realización de obras, ya que se requieren varios expedientes técnicos que garanticen la viabilidad de las obras, y no se hagan “monumentos al arbitro”. Las autoridades regionales no han demostrado eficiencia en la administración de los recursos asignados a sus respectivas jurisdicciones, y no han ejecutado ni la mitad de lo que se les ha dado, argumentando burocracia a través del SNIP.
Además, es necesario aclarar, que el terremoto del 15 de agosto, no sólo afectó a Ica, sino provincias de Lima y Huancavelica, y las consecuencias de desastres de esa dimensión son asumidas por el gobierno central, no sólo por la magnitud sino porque significa un presupuesto adicional al usual para cada región.
De igual modo, se debe coordinar la acción del empresariado en las zonas afectadas, pues con su inversión se facilita la labor de reedificación de las ciudades y sobre todo rehabilitar la economía a fin de que el PBI no sufra demasiado en este y el próximo año. Considerando los antecedentes de los gobiernos regionales, y la capacidad de gestión demostrada por las autoridades, es poco confiable dejar semejante empresa en sus manos.
Uribe explicó que luego del sismo de 1999 en su país, se creó el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo del Eje Cafetero, el cual fue presidido por Luis Carlos Villegas, representantes de los empresarios de Colombia. El mandatario destacó que a pesar de la crisis, se logró reconstruir satisfactoriamente las ciudades afectadas por el terremoto que cobró más de 1,200 vidas.
Es de suponer que basado en la experiencia colombiana, el Estado peruano ha creado el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), que será presidido por el empresario Julio Favre, en representación del jefe de Estado, Alan García y será integrado por autoridades regionales de Ica, Lima Provincias y Huancavelica.
También figuran los ministros de Transportes, Salud, Vivienda, Energía y Minas y Educación, además de cinco representantes de la actividad privada, con lo cual se buscará la coordinación entre el sector público y los empresarios para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto.
Gobierno regional quiere liderar reconstrucción
Sin embargo, el gobierno regional de Ica también pretende adjudicarse la labor de reconstrucción del departamento más severamente castigado por el movimiento telúrico. En tal sentido, el presidente regional, Rómulo Triveño, creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica, en oposición del Forsur, y según dijo en el marco del proceso de descentralización.
Dicha actitud puede ser considerada loable, en el sentido que un presidente regional asuma la responsabilidad en su jurisdicción, no obstante, valdría hacerse la pregunta, si es que esa misma actitud tendría si no hubieran recursos en la caja fiscal para la financiación de la reconstrucción de Ica.
Ante una situación de emergencia, se liberan ciertos de los candados que protegen los recursos del Estado, siendo uno de ellos el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo cual podría ser aprovechado para otros intereses.
Cabe recordar que los presidentes regionales, han expresado en más de una ocasión su rechazo al SNIP por considerar que es limitante para la realización de obras, ya que se requieren varios expedientes técnicos que garanticen la viabilidad de las obras, y no se hagan “monumentos al arbitro”. Las autoridades regionales no han demostrado eficiencia en la administración de los recursos asignados a sus respectivas jurisdicciones, y no han ejecutado ni la mitad de lo que se les ha dado, argumentando burocracia a través del SNIP.
Además, es necesario aclarar, que el terremoto del 15 de agosto, no sólo afectó a Ica, sino provincias de Lima y Huancavelica, y las consecuencias de desastres de esa dimensión son asumidas por el gobierno central, no sólo por la magnitud sino porque significa un presupuesto adicional al usual para cada región.
De igual modo, se debe coordinar la acción del empresariado en las zonas afectadas, pues con su inversión se facilita la labor de reedificación de las ciudades y sobre todo rehabilitar la economía a fin de que el PBI no sufra demasiado en este y el próximo año. Considerando los antecedentes de los gobiernos regionales, y la capacidad de gestión demostrada por las autoridades, es poco confiable dejar semejante empresa en sus manos.
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