sábado, 30 de agosto de 2008

Sin perdón no hay reconciliación

Reconocer los errores es difícil, pero es necesario. Uno no puede avanzar, actuando como si nada ha ocurrido, si es que no es capaz de admitir su culpa y pedir perdón. De hacerlo, no solo peca por soberbia, sino que se convierte en un sinvergüenza.

Podríamos hablar hasta de cobardía, por no tener la hidalguía de reconocer un error.


Este año se han cumplido cinco años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) emitiera su informe final sobre la violencia política que azotó cruelmente a nuestro país entre 1980 y 2000, cuando un grupo terrorista intentó tomar el poder sobre la base de la fuerza, y el Estado respondió sin entender, en un principio, el enemigo al que se enfrentaba.


Sendero Luminoso impuso una violencia jamás vista en el Perú. Primero, la policía, sin contar con información sobre el grupo enemigo y los implementos necesarios, fue la designada erróneamente por el gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 – 1985) para enfrentar a las huestes de Abimael Guzmán.

Cuando las Fuerzas del Orden fueron superadas por los senderistas, entonces fueron las Fuerzas Armadas las que se encargaron de enfrentar al enemigo.

Tanto Belaunde como su sucesor, Alan García (1985 -1990) delegaron la responsabilidad a las instituciones castrenses. Si bien es necesario, no solo agradecer, sino recompensar a aquellos que valerosamente llegaron a las zonas de emergencia y defendieron la seguridad de los peruanos, arriesgando sus vidas e integridad física, se hace imprescindible, por la reconciliación de nuestro país, que aquellos de uniforme, que atentaron contra su deber de proteger a la ciudadanía y por el contrario atacaron sin piedad a poblaciones inocentes, acepten su responsabilidad.

Los políticos – sobre todo aquellos mencionados en el informe de la CVR – acusan a este grupo de trabajo de denigrar a las Fuerzas Armadas que valerosamente ofrendaron sus vidas por nosotros. Un momento, quienes la denigran, son aquellos que no facilitan accesos para que la justicia peruana procese a quienes mataron sin discriminación a la gente por considerar que por sus rasgos andinos ya eran automáticamente terroristas, o aquellos que violaron mujeres y saquearon aquellas comunidades perdidas en las alturas de nuestras cordilleras.


Denigran a las Fuerzas Armadas aquellos que no son capaces de reconocer que hubo excesos, sin que ello signifique abdicar en el reconocimiento de los hombres que reitero – valerosamente – protegieron a la ciudadanía. La impunidad para aquellos que utilizando uniforme se ensañaron con la población es aquella mancha que de no ser lavada amenaza con expandirse entre los que de verdad cumplieron su compromiso con la patria.

Tuvo que ser un presidente que no estuvo involucrado en violaciones a los derechos humanos, Alejandro Toledo, quien pidiera perdón - a regañadientes – por la violencia desatada por el propio Estado que no se puede ocultar bajo la alfombra. Es un mensaje para nuestros políticos, que el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, haya pedido perdón cuando se presentó el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de ese país sobre la dictadura militar del general Alfredo Stroessner (1954 – 1989). Lo hizo con el corazón.
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