miércoles, 4 de junio de 2008

¿Enseñanza gratuita para todos?


"No es posible que se trate por igual a un joven que llega a estudiar en micro y sin desayuno, y a otro que viene de Las Casuarinas y en una 4 por 4", afirmó la congresista Martha Hildebrandt, autora del proyecto de ley que permitiría el cobro de una mensualidad a estudiantes que provengan de un colegio privado y busquen ingresar a una Universidad del Estado.

El tema ha generado un debate que incluso ha convocado a congresistas que no pertenecen a la Comisión de Educación del Parlamento. Y es que para muchos el tema de la gratuidad de la educación no debe ser puesto en tela de juicios. Según algunos legisladores por motivos de discriminación; según otros porque se intenta cargar a los ciudadanos un deber del Estado.

Si bien es cierto, en el Perú se defiende el principio de la gratuidad de la educación inicial, primaria y secundaria, no sucede lo mismo con la educación universitaria, objetivo de la iniciativa legislativa de la congresista Hildebrandt.

La Constitución es clara. El artículo 17 del capítulo 2 de la Carta Magna señala textualmente: En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación”. Es decir, aquellos que sí tienen dinero que paguen.

Con ese importe, se pretende que las universidades cuenten con recursos económicos para mejorar la infraestructura y la calidad de enseñanza que se brinda, creando profesionales con mejores herramientas para el país.

Se oponen al proyecto
En un inicio se trató de calificar a la propuesta como inconstitucionalidad, hecho que fue corregido. Sin embargo, el proyecto que pretendería beneficiar a las universidades del Estado, que carecen de recursos para brindar todas las herramientas a sus alumnos, tiene como obstáculos a los propios Padres de la Patria.

Parlamentarios como el Congresista Wilder Calderón sostienen que el proyecto pretende instaurar la discriminación de las personas por “cuestiones económicas”. Por otro lado, el legislador Yonhy Lescano considera que se pretende que el Estado deje de cubrir una obligación y trasladársela a la ciudadanía.

Ambos congresista obvian que es la misma Constitución la que señala que la educación universitaria es gratuita para aquellos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con recursos económicos.

Los dos también niegan una realidad palpable en el Perú. La educación – no sólo universitaria – ha ido decayendo al punto que las principales universidades estatales peruanas no figuran en el ranking mundial, ni siquiera latinoamericano. Los estudiantes no cuentan con las herramientas, tecnología e infraestructura que sí se pueden encontrar en los centros privados. En estos momentos, podríamos hablar de una discriminación a los estudiantes de universidades públicas que tienen menos posibilidades en muchos casos de acceder a un puesto de trabajo bien remunerado.

Es necesario que las universidades se conviertan en centros de investigación importantes para el Perú, fuentes de conocimientos y nuevas tecnologías. Para eso hay que invertir, y hay que admitir que en nuestro país, el Estado no puede cubrir los gastos para dar una educación gratuita a todos sus ciudadanos. No hay que olvidar que el Estado somos todos, y todos debemos estar involucrados en la educación de nuestros jóvenes con miras a un futuro mejor.

Aunque suene irónico, la China comunista que se avanza hacia el desarrollo a pasos agigantados es conciente de que no pueden cubrir esa demanda y cobra a sus estudiantes en todos los niveles. No se trata de una medida popular que dará algunos puntos en las encuestas al Congreso, pero debe de tomarse para dar un paso más hacia la ansiada Reforma de la Educación, que no puede seguir dilatándose.

Fuente: El Comercio
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